El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado imponer medidas cautelares al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado en el marco del caso Plus Ultra. La decisión llega después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
Las acusaciones populares se sumaron a la petición del Ministerio Público y algunas de ellas, entre las que figuran Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa, llegaron incluso a reclamar de forma subsidiaria el ingreso en prisión provisional del exdirigente socialista.
La declaración no elimina los indicios
En el auto, Calama sostiene que la comparecencia de Zapatero no ha conseguido desmontar los indicios de criminalidad que ya expuso en su resolución de imputación. Según el magistrado, dichos indicios proceden de diversas fuentes de prueba recabadas durante la investigación.
Entre ellas cita el contenido de dispositivos electrónicos intervenidos durante registros judiciales, la trazabilidad de diversas transferencias vinculadas a fondos procedentes del rescate público concedido a Plus Ultra y la supuesta utilización de sociedades mercantiles que habrían servido para canalizar esos pagos.
El juez también menciona el análisis preliminar del material remitido por las autoridades judiciales de Estados Unidos y el hallazgo en la oficina de Zapatero de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros, cuyo origen y situación tributaria y aduanera continúan bajo investigación.
Sin riesgo de fuga
Pese a mantener la existencia de indicios, el magistrado considera que no concurren los requisitos necesarios para limitar la libertad de movimientos del expresidente.
Calama subraya que Zapatero es una persona de «pública notoriedad», con un elevado grado de arraigo en España y una exposición pública que dificulta cualquier intento de ocultarse o sustraerse a la acción de la Justicia. Además, señala que no existe ningún indicio que apunte a una voluntad de evasión.
Tampoco ve riesgo para la investigación
El juez descarta igualmente la posibilidad de que el investigado pueda destruir pruebas o interferir en la instrucción. A su juicio, los principales elementos probatorios ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que Zapatero pueda obstaculizar.
Por ello concluye que imponer comparecencias periódicas, retirar el pasaporte o prohibir la salida del territorio nacional sería una medida desproporcionada e injustificada. El auto recuerda que las medidas cautelares no pueden convertirse en una pena anticipada y que solo deben aplicarse cuando exista un riesgo procesal real que lo justifique.
