El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, coincidiendo con el último día del plazo para presentar solicitudes. Esta decisión abre un nuevo frente jurídico sobre una medida que ha superado con creces las previsiones iniciales del Ejecutivo.
Según dos providencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado traslado a la Comunitat Valenciana y Aragón, que recurrieron la norma, para que en cinco días se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial europea. El tribunal aprecia posibles dudas de compatibilidad de la medida con la normativa comunitaria en materia de migración y asilo.
Dudas jurídicas
Los magistrados advierten de que el régimen de regularización establecido en el real decreto podría entrar en conflicto con el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que fija un marco común para la gestión de los flujos migratorios y la protección internacional en los Estados miembros.
El Supremo también plantea dudas sobre su compatibilidad con la Directiva de Retorno y el sistema de cooperación entre países de la UE, al permitir que personas en situación irregular accedan de forma generalizada a una autorización de residencia temporal sin un procedimiento individualizado de retorno, salvo las excepciones previstas por la normativa comunitaria.
Además, el tribunal cuestiona su encaje en el Espacio Schengen, ya que una autorización de residencia podría permitir la libre circulación durante 90 días en un periodo de 180, y apunta a la posible falta de coordinación previa con otros Estados miembros en el marco de una regularización de carácter masivo.
Más de un millón de solicitudes
El proceso de regularización extraordinaria ha concluido con cifras muy por encima de lo previsto, con alrededor de 1,2 millones de solicitudes registradas, más del doble de las 500.000 estimadas por el Gobierno.
En ciudades como Barcelona, el procedimiento ha incluido la atención a unas 90.000 personas migrantes en las últimas semanas.
Debate político y respuesta del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la regularización como una medida necesaria, destacando que detrás de cada solicitud hay personas ya residentes en el país que se integrarán con derechos y deberes.
Sánchez ha afirmado que “no hay integración posible sin regularidad” y ha criticado las posiciones de “prioridad nacional” de algunos partidos de la oposición. Además, ha anunciado un Plan de Integración y Ciudadanía con 500 millones de euros para su primer año, destinado a facilitar la incorporación social y laboral de las personas regularizadas.
Un proceso abierto
El Tribunal Supremo deberá ahora decidir si finalmente eleva la cuestión al TJUE, tras escuchar la posición de las partes implicadas. La posible intervención del tribunal europeo podría ser clave para determinar la compatibilidad del proceso con el marco jurídico de la Unión Europea y marcar el futuro de este tipo de regularizaciones masivas en el Estado español.
