Ayer, Viernes 30, estaba mirando las imágenes de muchos comerciantes de
diversas ciudades tapiando sus escaparates. Hoy he seguido viendo más imágenes
similares. A la vez, he recibido multitud de WhatsApp de amigos míos
manifestando su vergüenza unos, e indignación otros; no tenemos más remedio
que darles la razón. Lo que estamos viendo es una vergüenza intolerable para
cualquier sociedad que pretenda llamarse civilizada, democrática y respetuosa con
la ley.
Resulta indignante contemplar cómo, ante convocatorias de grupos violentos que
utilizan la protesta política como coartada para el vandalismo y el saqueo, los
comerciantes se ven obligados a proteger sus escaparates con tablones de madera ante la incertidumbre de que este Gobierno pueda, o no, garantizar su seguridad.
Pocas imágenes reflejan con tanta crudeza la pérdida de confianza en la capacidad
de las instituciones para mantener el orden público.
Familias trabajadoras que han invertido sus ahorros, su esfuerzo y buena parte de
sus vidas en levantar un negocio deben adoptar medidas extraordinarias de
protección frente a quienes confunden la libertad de manifestación con una licencia
para delinquir. Empresas que han confiado en España y en sus ciudades punteras
para instalar sus negocios y dar empleo a miles de personas, sopesan ya si merece
la pena invertir en un espacio sin Ley.
Resulta especialmente humillante que el comerciante, que paga impuestos, genera
empleo y contribuye a la prosperidad colectiva, tenga que asumir además los
costes económicos y psicológicos derivados de la amenaza de los violentos ¿Desde
cuándo corresponde al ciudadano asumir individualmente una responsabilidad que
compete fundamentalmente a los poderes públicos?
La libertad de manifestación es un derecho fundamental, pero saquear no es
manifestarse, destrozar no es reivindicar e intimidar a comerciantes y vecinos no
constituye el ejercicio de ningún derecho democrático.
Frente a semejante amenaza este Gobierno, que nos tiene acostumbrados a
resolver las crisis cargando las responsabilidades en los demás, ante lo que sabe
que está por venir no puede limitarse a recomendar prudencia y dejar que cada uno
se las arregle como pueda. Su obligación es anticiparse, prevenir los disturbios y
garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.
El Ministro del Interior debe trasladar a las fuerzas de seguridad los efectivos,
medios y respaldo institucional necesarios para intervenir con la máxima firmeza,
siempre dentro de la legalidad y con la proporcionalidad exigible. Todavía más, si
las circunstancias llegaran a desbordar los recursos ordinarios, deberían
contemplarse los mecanismos extraordinarios legalmente previstos, incluido el
apoyo de las Fuerzas Armadas cuando el ordenamiento jurídico lo permita y la
gravedad de la situación lo justifique.
La autoridad democrática no puede mostrarse impotente ante quienes pretenden
imponer el desorden mediante la violencia. Eso sólo lo permite quien que, ante las
próximas elecciones, proclama que las manifestaciones de protesta obedecen al
miedo del cambio.
La prevención que exigimos debe ir acompañada de una respuesta judicial eficaz.
Quienes organicen actos delictivos, participen en saqueos, destruyan
establecimientos o agredan a los agentes deben afrontar las responsabilidades
penales correspondientes, con sanciones proporcionadas, efectivas y
suficientemente disuasorias ya que la impunidad, real o percibida, alimenta la reincidencia y transmite un mensaje devastador: vulnerar la ley hoy resulta más fácil que obtener protección frente a quienes la vulneran.
No se trata de reclamar actuaciones arbitrarias ni castigos indiscriminados, sino de
exigir que este Gobierno cumpla su responsabilidad esencial: proteger los derechos
y libertades de quienes respetan la ley sin permitir que sean vulnerados mediante
la intimidación y la violencia. Eso no es de izquierdas o de derechas, esto es
responsabilidad de quien gobierna el Estado, sea del partido que sea.
La democracia que nos merecemos, y nos han robado durante ocho años, no
demuestra su fortaleza mirando hacia otro lado cuando se vulnera la Ley sino, en
este caso, impidiendo que el vandalismo se imponga sobre la convivencia. Porque
cuando los ciudadanos dejan de confiar en la capacidad de las instituciones para
garantizar su seguridad, lo que está en cuestión no es únicamente el orden público,
sino la propia credibilidad de un Gobierno impotente que necesariamente debe
sustituirse.
Veremos qué pasa esta noche, y qué pasa el 29N.
La vergüenza( una más)de un Gobierno incapaz
