El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha denunciado al ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por sus declaraciones sobre las grabaciones del centro de control de Adif durante el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 muertos y más de 200 heridos. La organización considera que sus palabras podrían constituir un delito de revelación de secretos o informaciones reservadas, después de que el ministro reconociera haber escuchado las conversaciones entre los responsables de circulación y los maquinistas.
Durante una rueda de prensa el pasado miércoles, Puente calificó de «inexplicables» las órdenes dadas desde el centro de control. Horas después, los audios se filtraron a los medios de comunicación. En las grabaciones se escucha cómo se autorizó al AVE a continuar con «marcha normal», mientras el tren Iryo que circulaba por delante permanecía detenido en la vía.
Las órdenes previas al accidente
La denuncia se centra en los hechos del 28 de octubre, cuando, sobre las 8:30 horas, se desconectó el sistema de seguridad LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tras la incidencia, el centro de control de Atocha autorizó al AVE implicado a circular con normalidad, mientras el tren Iryo que circulaba por delante permanecía detenido. La colisión se produjo unos 17 minutos después.
Alferro considera que las declaraciones de Puente sobre el contenido de las grabaciones podrían vulnerar el deber de confidencialidad que debe regir las investigaciones de accidentes ferroviarios. El ministro había reconocido que tuvo acceso a las conversaciones entre los responsables de circulación y los maquinistas, aunque evitó detallar públicamente su contenido.
Otras denuncias contra Puente
La denuncia de Alferro se suma a otras acciones judiciales relacionadas con los audios. El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ya acudió el pasado 30 de octubre al juzgado de Orgaz para solicitar que se investigara la filtración, aunque sin señalar directamente a Puente. Por su parte, Vox presentó una querella contra el ministro ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
En su denuncia, Alferro cita los artículos 417 y 466 del Código Penal, relativos a la revelación de información reservada y la divulgación de actuaciones judiciales secretas. Sin embargo, la aplicación de este último dependerá de si las grabaciones estaban protegidas por el secreto judicial cuando Puente accedió a ellas. La Fiscalía deberá ahora determinar si existen indicios suficientes para investigar los hechos.
