El grupo Abogados Catalanes por la Constitución ha denunciado ante la Fiscalía de Barcelona a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a otras responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales, según Europa Press.
«Se le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias»
Los denunciantes le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias, y se refiere a subvenciones del Ayuntamiento al Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
Además de en Colau, la denuncia recae en la exconcejal Gala Pin, la teniente de alcalde Laia Ortiz, la asesora municipal Vanesa Valiño, la concejal Laura Pérez, y la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las subvenciones dirigidas al resto de entidades.
«Son parte de una continuidad y habitualidad absolutamente contrapuesta al término de excepcionalidad o extraordinaria»
El escrito recoge la concesión de subvenciones extraordinarias que habrían alcanzado un total de 3,4 millones de euros y, al parecer de Abogados Catalanes por la Constitución, «son parte de una continuidad y habitualidad absolutamente contrapuesta al término de excepcionalidad o extraordinaria», y que presuntamente se usaron para esquivar una licitación abierta o un concurso para concederlas.
«Presuntamente, se trata de una subvención recurrente y anual, que sin embargo se ha concedido presuntamente por designación directa, y al margen de cualquier principio de concurrencia pública»
Podría tratarse de «una subvención recurrente y anual, que sin embargo se ha concedido presuntamente por designación directa, y al margen de cualquier principio de concurrencia pública» justificándolo como una subvención excepcional, según la denuncia.
«Solo cabe interpretarlo, presuntamente, como una forma encubierta de superar la libre concurrencia competitiva de otras entidades y la libre licitación«, lo que, en palabras de los denunciantes, sería presuntamente una forma de desbordar el límite de contrataciones discrecionales a que tiene derecho Colau como alcaldesa.