Los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado 3 días de plazo al departamento de Salud, dirigido por la republicana Alba Vergés, para que explique por qué ha suspendido o paralizado el plan de vacunación contra el COVID-19 de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña. Lo hace tras la denuncia presentada por los sindicatos de estos cuerpos policiales, JUPOL y JUCIL, y la decisión del Gobierno central de asumir la vacunación de estos profesionales.
El tribunal ha rechazado ordenar a Vergés la reiniciación del plan de vacunación, tal y como habían solicitado ambos sindicatos, y emplaza a pronunciarse sobre esta cuestión a la Fiscalía. En su denuncia, JUPOL y JUCIL acusan a Salud de haber cometido un presunto delito de prevaricación y otro contra las normas de prevención de riesgos laborales. Desde JUSAPOL se ha calificado lo sucedido como «un abuso institucional con fines políticos». Este sindicato, además, acusa a la republicana Vergés de poner «en peligro la salud de miles de policías».
