Una queja formulada en reiteradas ocasiones por el constitucionalismo catalán es que se encuentra desamparado tanto por la Generalitat como por el Gobierno central, cuyos pactos con el nacionalismo le llevan a mirar para otro lado ante los abusos que sufren los catalanes no nacionalistas. Un ejemplo nítido de esta situación la volvemos a encontrar ahora, cuando una pregunta de Ciudadanos al ministro de Universidades, Manuel Castells, sobre la campaña de delación a profesores que usen el castellano en las universidades ha sido vetada por la Mesa del Concreso —donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría.
La pregunta ha sido rechazada bajo el argumento que se trata de «una materia ajena a la competencia del Gobierno» y que reformulen la pregunta. El partido liberal no piensa hacerlo porque «recabar la opinión sobre la imposición del catalán en la docencia en nada afecta a la autonomía universitaria». En su lugar, presentará un escrito de reconsideración, que previsiblemente también será rechazado dado el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Finalmente, si eso ocurre, el partido naranja presentará un recurso de amparo ante el Tribunal constitucional por una lesión de los derechos políticos de los diputados de Control del Gobierno.
Recurrir a la Alta Inspección del Estado
Desde Cs, recuerdan que «el Estado tiene una competencia para garantizar la igualdad básica en el disfrute del derecho a la libertad de educación, también en el ámbito universitario, que comprende necesariamente el de la elección de lengua». En este sentido, indican que el Estado debería garantizar la atención de este derecho recurriendo al organismo con el que no se suele contar: la Alta Inspección del Estado.
