Según el relato secesionista, en Cataluña existe un «conflicto político». Sin embargo, como ha hecho notar el Observatorio Cívico de la Violencia Política en su cuarto informe, casi el 90% de la violencia política derivada del supuesto conflicto es obra del separatismo. Así, recientemente supimos que un policía ha debido ser indemnizado con 160.000 euros por las heridas sufridas durante los disturbios de la sentencia del procés. Ahora, la Policía Nacional ha detenido a seis radicales de la formación nacionalista Arran, considerada la rama juvenil de la CUP, por sus ataques a gasolineras y un incendio en las vías del AVE —que casi llevó al descarrilamiento a un tren—.
Tras su detención en Lérida, los jóvenes ultra están acusados de pertenencia a organización criminal, incendio, daños continuados, ultraje a la bandera española, delito contra la integridad física y moral, delito medioambiental y hurto. Sin embargo, Arran ha considerado los arrestos «un nuevo caso de criminalización y persecución política y policial hacia la juventud organizada y combativa». Similares palabras ha usado la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, para la que las detenciones son «una nueva acción represiva contra la juventud independentista».
