La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el abogado Gonzalo Boye, representante legal de Carles Puigdemont, y ha confirmado su competencia para juzgar al controvertido letrado, que está acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento público. La Fiscalía Antidroga pide para Boye una condena de nueve años y nueve meses de prisión por estos hechos.
Boye está acusado de, presuntamente, haber cobrado 10.000 euros a cambio de lavar dinero para beneficiar a la organización criminal dirigida por el narco José Ramón Prado, más conocido como Sito Miñanco, según recoge El Catalán. El mismo medio señala que el auto emitido por la Audiencia Nacional indica que «una vez fijado el objeto del proceso en los términos expuestos, la conexidad entre los hechos por los que se acusa a Gonzalo Boye Tuset y el eventual delito antecedente contra la salud pública se hace evidente, según el Ministerio Fiscal, y queda atribuida la competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».
En el mismo auto, la Audiencia Nacional señala también que las operaciones llevadas a cabo por Boye fueron realmente dirigidas por Sito Miñanco con el objetivo de recuperar un dinero que le había sido intervenido en el Aeropuerto de Barajas en 2017, según recoge Confilegal. A Boye, que también fue abogado del terrorista etarra Josu Ternera, le queda aún la posibilidad de presentar un recurso de casación contra este auto ante el Tribunal Supremo.
