420.000 euros es la multa impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona a los propietarios de un edificio ubicado en la calle Ample, de Ciutat Vella, que alquilaban ilegalmente a turistas 14 apartamentos del mismo. Las viviendas se comercializaban como «alojamientos turísticos ilegales», según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa. La sanción es el resultado de meses de investigación llevada a cabo por inspectores de la Dirección de Servicios de Inspección del distrito de Ciutat Vella y por agentes de la Guardia Urbana que «han podido constatar que durante años la propiedad iba evitando expedientes y sanciones del Consistorio alegando que alquilaba las viviendas aparentemente de manera legal con contratos de larga duración a inquilinos que aparecían como arrendatarios de alojamientos turísticos ilegales».
El edificio se encuentra en el número 24 de la calle Ample y es «una comunidad de bienes familiar» que alquilaba hasta 14 apartamentos ubicados en esta finca. Lo hacían a través de las plataformas Airbnb y Booking, «sin ninguna autorización para la actividad turística». Los inspectores abrieron los primeros expedientes en 2018, pidiendo, además, la desactivación de los anuncios publicados en ambas plataformas. Sin embargo, los anuncios se seguían publicando aunque con nombres, fotos y anfitriones diferentes para «evitar la actuación inspectora de la Administración». El propietario, además, se escudaba en que «desconocía lo que hacían sus inquilinos» y que estos «le engañaban y utilizaban los pisos para realquilarlos a turistas».
Inquilina y gestora
Los inspectores municipales y la Guardia Urbana constataron el pasado mes de abril que 14 de los 15 apartamentos con que cuenta el inmueble «estaban ocupados por turistas en pisos sin licencia para ejercer la actividad turística correspondiente». En el otro piso se encontraba una inquilina «de renta antigua» que se encargaba de gestionar «la recogida de llaves y las entradas y salidas» de estos apartamentos turísticos ilegales.
Además de la sanción de 420.000 euros, el Ayuntamiento remitirá a la Agencia Tributaria toda la información de que dispone para que la propiedad responda también ante Hacienda por haber estado ejerciendo esta actividad ilegalmente.
