Continúan las reacciones ante el señalamiento de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por la investigación de Tsunami Democràtic que afectan a Carles Puigdemont. Recordemos que Ribera criticó en una entrevista al magistrado por actuar «con una implicación política importante» y en «momentos sensibles» —en referencia a la polémica tramitación de la Ley de Amnistía con la que el PSOE consiguió el respaldo de Junts per Catalunya a la investidura de Pedro Sánchez—. Tras las protestas del Poder Judicial, ahora es el Partido Popular el que ha decidido denunciar el caso en la Unión Europea.
Así, la portavoz parlamentaria de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea en una pregunta en la Eurocámara que condene el señalamiento a los jueces «por hacer su trabajo» e inste al Gobierno español a «respetar la separación de poderes y velar por la lealtad institucional. En su opinión, es «inadmisible y vergonzoso que desde el Gobierno se acuse a jueces de trabajar guiados por el interés político». Y ha añadido: «En España se ha implantado desde la Moncloa el argumentario de que todo vale por estar en el poder, desde ceder ante el chantaje de los condenados y prófugos, hasta comprar sus acusaciones de que en España la justicia no funciona abriendo la puerta a la desconfianza ciudadana. Y el PP no se va a callar ante esta preocupante deriva del PSOE».
