Morir matando. Según sus críticos, esta es la filosofía que tiñe la última medida adoptada por la Generalitat republicana, consistente en blindar el veto al castellano en la escuela y hacerlo mediante un decreto sin tramitación parlamentaria y con un gobierno en funciones. El decreto blinda el monolingüismo escolar estableciendo que el catalán es la única lengua tanto en horas lectivas como no lectivas, de las reuniones con las familias y de interacción entre el profesorado. Además, los proyectos lingüísticos —que determinan como se usan las lenguas en cada centro— dependerán directamente de Educación y no de la dirección de la escuela. La intención es proteger a los directores de la acción de la Justicia, que reiteradamente ha constatado la ilegalidad de la inmersión.
Por otra parte, y para combatir lo que el Govern entiende como «ataques al catalán», a partir de ahora a los nuevos profesores no les bastará con tener el C1 de catalán —nivel alto—, sino tendrán que acreditar un C2 —nivel excelente—. Cabe decir, por ejemplo que en Andorra, donde la única lengua oficial es el catalán, solo se exige un B1 o B2 —nivel intermedio—. La Asamblea por una Escuela Bilingüe ya ha anunciado que recurrirá el nuevo Decreto de Régimen Lingüístico del sistema educativo catalán y solicitará medidas cautelares para impedir su entrada en vigor. Y es que, a su juicio, el decreto es «hispanófobo, inconstitucional y pretende humillar a los castellanohablantes».
