La Junta de Portavoces del Parlament de Cataluña ha aprobado este martes una declaración de apoyo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, una movilización que reclama mejoras salariales, medidas para facilitar el acceso a la vivienda y actuaciones contra el encarecimiento de la vida.
La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC, Comuns y la CUP, mientras que Junts, PP y Vox han votado en contra. Aliança Catalana, por su parte, se ha abstenido. El texto, sin embargo, no podrá leerse en el pleno que comienza este miércoles, ya que no ha conseguido el respaldo de dos tercios de la Cámara, la mayoría exigida para dar lectura a este tipo de declaraciones.
Reclaman medidas contra la especulación inmobiliaria
La declaración expresa el respaldo institucional del Parlament a las reivindicaciones de los convocantes de la huelga y plantea una serie de exigencias dirigidas tanto al Gobierno central como a la Generalitat y a las organizaciones empresariales En materia de vivienda, insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a adoptar medidas urgentes contra la especulación inmobiliaria. También reclama al Govern catalán que utilice todas las competencias de las que dispone para combatir este problema, uno de los principales motivos de la movilización.
El documento exige, además, al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que establezca mecanismos efectivos para controlar la evolución de los precios de los productos básicos, ante el impacto del encarecimiento de la vida en las economías familiares.
En el ámbito laboral, la declaración reclama a las patronales y organizaciones empresariales que desbloqueen de forma inmediata la negociación colectiva para facilitar incrementos salariales y avanzar en la reducción de la jornada laboral.
El texto también recoge el compromiso de proteger la financiación y la calidad de los servicios públicos. Otra de las peticiones se dirige a la Generalitat, a la que se solicita que limite los servicios mínimos durante la jornada de huelga a aquellos sectores que sean verdaderamente esenciales, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.
Una iniciativa legislativa popular para blindar la sanidad pública
Por otra parte, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende garantizar el carácter público del sistema sanitario catalán. Para que la propuesta pueda continuar su tramitación parlamentaria, sus promotores deberán reunir un mínimo de 50.000 firmas.
La Mesa también ha dado curso a dos proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios. Entre ellas figura una iniciativa presentada conjuntamente por el PSC y ERC sobre producción agraria sostenible. La propuesta pretende impulsar un modelo agrícola y ganadero más competitivo y preparado para afrontar los retos del sector, además de fomentar el consumo de productos de proximidad y reforzar la relación entre los productores catalanes y los consumidores.
