Había unanimidad entre los juristas de que se trataba de una cacicada jurídica. Pero se dudaba del papel de un Conde-Pumpido siempre alineado con el gobierno. Pero esta vez lo evidente de la chapuza, y/o que Conde Pumpido haya querido cerrar su etapa en el Constitucional con un gesto de independencia del ejecutivo, ha surtido efecto.
El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para desactivar las resoluciones con las que la Sala Tercera del Supremo (TS) ha suspendido, de manera cautelar, los efectos electorales –esto es, la posibilidad de votar– de los extranjeros que han obtenido la nacionalidad española gracias a la Instrucción, presuntamente ilegal, con la que el Ministerio amplio la «ley de nietos».
Cándido Conde-Pumpido ha dado por bueno el planteamiento del ponente, Enrique Arnaldo, que considera que la petición de Gabilondo ha llegado en un momento muy «prematuro», en una causa todavía abierta (sub iudice), en la que no sólo no se han resuelto todos los trámites pendientes sino que, además, ha iniciado el proceso para recibir las alegaciones directas de los interesados, en próximas fechas.
Han anunciado voto particular discrepante los magistrados Ramón Sáez y, Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia en la primera legislatura de Pedro Sánchez.
Diez magistrados han considerado que, por el contrario, entrar en el fondo de la cuestión implicaría, de facto, la concesión de un amparo anticipado, por la puerta de atrás. contraviniendo la propia doctrina de la Corte y, lo más grave, sin haberse escuchado en ningún momento a las partes personadas en el asunto principal del TS, incluidos los afectados, como pretendía el Ejecutivo de Sánchez, a través de la cuestionada actuación de Gabilondo.
La resolución del Constitucional ha coincido con la decisión de la juez Inmaculada Lova de admitir a trámite la querella contra Sofía Puente por su instrucción que amplio la » ley de nietos».
