El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha negado que se abandonara a los ancianos en las residencias y que se produjera un cribaje en la atención médica de estos usuarios durante la pandemia: «En ningún momento se generó un muro». En relación a las duras críticas recibidas por el protocolo interno en que se recomendaba no derivar a centros hospitalarios a ancianos positivos en COVID-19.
En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado este domingo que «siempre se ha confiado en el criterio médico de los profesionales» en relación con el colectivo de ancianos, aunque ha añadido que toca hacer una reflexión sobre el sistema de dependencia, de forma que pueda adaptarse y dar respuesta a la pandemia.
«Faltaba un punto de gobernanza pública. Hay mucha colaboración con entidades del tercer sector, entidades privadas», y ha añadido que un factor clave para mejorar la gestión de las residencias en el contexto de emergencia sanitaria es mejorar la financiación.
Ampliación de 1.800 profesionales
El Homrani ha dicho que este lunes termina el plazo para recoger currículums y ampliar en 1.800 los profesionales de las residencias en Cataluña, para así asegurar una reserva de 2.800 plazas vacías, ya que «muchas residencias no estaban preparadas para hacer aislamiento», e incrementar también así la ratio de profesionales por cada usuario. El conseller ha destacado la importancia de que las residencias tengan cuatro semanas de stock en material de protección, así como la formación para que los profesionales sepan utilizarlo, y ha lamentado que, en algunos casos, ha sido difícil encontrar trabajadores debido a las «duras condiciones laborales» que implica el trabajo.
Además, el conseller ha puesto de relieve que Salud también «ha reforzado la atención primaria», con una ampliación de 450 profesionales, y que se ha contratado a 219 personas más para «hacer un seguimiento más cuidadoso del tejido residencial».
Lo cierto es que la fiscalía tiene abiertas 27 diligencias penales en Cataluña por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y discapacitados en residencias y centros durante la pandemia de coronavirus. Desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo en los geriátricos catalanes han fallecido 4.128 personas de las 17.161 diagnosticadas por COVID-19.
