El Gobierno central no tiene previsto solicitar al TSJC la ejecución de la sentencia que obliga a que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano en los colegios de Cataluña. Al parecer, y según recoge El Nacional, el Ministerio de Educación prefiere esperar a ver cómo se pronuncia el tribunal sobre la propuesta presentada por la Conselleria de Educación, dirigida por Josep González Cambray. «Estamos en tiempos judiciales«, han señalado fuentes el ministerio al medio separatista.
Esta propuesta contempla la publicación de un «decreto de régimen lingüístico» que «fortalezca el modelo lingüístico de la escuela catalana y dote de más seguridad jurídica a los proyectos educativos de los centros». Este decreto regulará que tanto el catalán como el castellano se introduzcan en los proyectos lingüísticos con el fin de que los alumnos dominen ambas lenguas. Educación ya ha trasladado al Govern el trámite de la consulta pública previa al decreto. No obstante, esta regulación no estaría lista hasta dentro de, como mínimo, un año.
Mientras tanto, se acumulan en el TSJC las peticiones de ejecución de la sentencia. Es el caso de la presentada este martes por el grupo de diputados de Vox en el Parlament que han reclamado el cumplimiento de la decisión judicial en calidad de padres de alumnos y como representantes de sus votantes.
